Protestas en Chile | Foto: EFE
Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció este martes 10 de diciembre que hubo «atropellos a los derechos humanos» durante las últimas siete semanas de protestas en el país y anunció medidas de reparación para las víctimas, así como la revisión de los protocolos policiales.
El mandatario chileno, en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, señaló que en los últimos 52 días ha conocido casos y denuncias de atropellos a los Derechos humanos.
En este sentido, el mandatario anunció un «plan integral de recuperación ocular», que brindará atención médica a los que sufrieron lesiones de este tipo, y asistencia en materia social, psicológica y laboral, ya que según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) se contabilizan 352 lesionados de este tipo por disparos de la Policía.
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Por primera vez tras más de 50 días de protestas en Chile, el presidente mencionó los nombres de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, dos víctimas oculares por la presunta actuación de las fuerzas del Estado. Ambos chilenos se han convertido en dos casos paradigmáticos para los manifestantes chilenos, ya que perdieron la visión de sus dos ojos al recibir el impacto de balines de goma y una bomba lacrimógena, presuntamente disparados por agentes policiales.
Otra medida que anunció Piñera es la creación de un equipo especial por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para acompañar a mujeres que han denunciado casos de violencia sexual por parte de uniformados.
Por otra parte, el presidente del país austral informó que el recién creado Comité Técnico de Derechos Humanos, formado por instituciones como la Fiscalía Nacional, el cuerpo de Carabineros (Policía militariza) o el Indh, revisará los protocolos policiales y de las Fuerzas Armadas, así como sus procesos de formación, para que «sean totalmente compatibles con los erechos humanos».
El actuar de los Carabineros, cuyo protocolo fue aprobado en 2012 y revisado el pasado marzo, ha sido foco de críticas al ser cuestionado por su fuerte represión y por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El Indh difundió el pasado viernes que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, de las que 1.983 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados.
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Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 denuncias contra la acción de los agentes del Estado, de ellas seis por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.
«Quiero comprometerme a que vamos a hacer todos los esfuerzos para aprender las lecciones de estas últimas siete semanas, especialmente en fortalecer la capacidad de la sociedad chilena para resguardar los derechos humanos de todos», aseguró el presidente chileno.
Tras recordar el caso de las dos carabineras cuyos rostros fueron quemados con bombas molotov en la Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones, Piñera aclaró que «no va haber impunidad» para las personas «que cometieron graves delitos contra la sociedad» ni para las que «cometieron atropellos a los derechos humanos», y que ambos casos «van a ser juzgados como corresponde en una democracia».
Aunque subrayó que Chile tiene una reconocida tradición en la protección de los derechos humanos, Piñera admitió que «todavía queda mucho por avanzar» y agregó que el Estado no tiene la opción sino la obligación de prevenir, promover y resguardar atropellos.
Piñera expresó además su «solidaridad» con los desaparecidos en el avión de Fuerza Aérea de Chile (Fach) siniestrado la noche anterior camino a la Antártida, por lo que canceló el viaje que tenía previsto a Argentina con motivo de la investidura de su presidente electo, Alberto Fernández.
EFE
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