España | Repartidores migrantes: «Ya no me va a contratar nadie»

Madrid.- Cerca de 150 repartidores se reunieron este jueves 27 de mayo para protestar contra una normativa que obliga a las plataformas digitales a dejar de usar autónomos, trabajadores por cuenta propia, para estas labores y exige a las empresas que pasen a ser asalariados.

Daniel tiene 29 años, es cubano y participa en una manifestación contra la «Ley Rider» frente al Congreso de los Diputados en Madrid para defender el seguir siendo trabajador autónomo: «Este es mi cuarto trabajo en España. Para un inmigrante como yo, que vine prácticamente sin nada, es el mejor trabajo que puedo tener».

A priori la legislación, consensuada por el Ministerio de Trabajo español con patronal y sindicatos, pretende evitar la precariedad del colectivo, aunque una parte de ellos lleva meses alzando la voz porque considera que en la práctica este cambio no va mejorar sus condiciones, sino más bien todo lo contrario.

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De hecho, aseguran que algunas de las plataformas digitales de reparto que utilizaban el modelo de autónomos (Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats son las principales) ya están empezando a ofrecer contratos temporales de veinte horas semanales a través de empresas terceras, con sueldos mensuales por debajo del salario establecido como mínimo en el país.

Apoyado en la acera con su bicicleta, Daniel, que prefiere no facilitar el apellido, pone el dedo en la llaga y alude a la gran cantidad de extranjeros sin permiso de trabajo que se emplean como «riders» o repartidores actualmente gracias a que otros compatriotas con documentación en regla les alquilan sus cuentas.

«Más de la mitad de los repartidores no tienen papeles. Este es un trabajo en el que hay gente que sí hace bastante dinero porque trabaja muchas horas», razona.

La situación la conoce bien porque la vive en primera persona: todavía no tiene renovado su permiso de trabajo, que caducó, por lo que no podría optar a ser asalariado, ni siquiera por una subcontrata.

Entre los participantes en la protesta hay una clara mayoría de extranjeros y perfiles de muy diferentes edades. Entre las mayores se encuentra la venezolana Samira Ron, quien a sus 63 años trabaja como repartidora para Glovo.

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«Fui una de las que comenzó a operar cuando Glovo entró. Estamos contentos, ganamos bien de la forma en que trabajamos y lo que va a ocurrir es que con esta nueva ley nos harán contratos precarios de veinte horas por semana» por menos de lo que ganan ahora, argumenta.

Samira, que llegó a España en 2015, sí cuenta con todos los papeles para trabajar de forma legal, pero califica de «inviable» que las plataformas contraten a los cerca de 30.000 repartidores que se calcula que hay por todo el país.

«A mi edad ya sabemos que ya no me va a contratar nadie, porque en España con mis años no consigues empleo»», se lamenta.

En esa misma línea se expresa su compatriota Isidro Díaz, de 54 años: «Dicen que en ciudades pequeñas se corre el riesgo de que muchas plataformas dejen de operar. Con esta ley nos cortan lo que teníamos ganado siendo autónomos, la flexibilidad, la libertad para escoger a qué horas trabajar».

Isidro, como sus compañeros, reclama a los diputados, pues el Parlamento debe convalidad la norma aprobada a comienzos de mes por el Ejecutivo, que no validen la «Ley Rider» y que obliguen al Gobierno español a escuchar su postura en una mesa de negociación.