Los juicios se reanudaron el mes de octubre según informaron familiares | Foto: referencial
Familiares de militares presos por motivos políticos exigieron a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que permitan el ingreso a los juicios de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se realizan desde octubre, acceso que no ha sido permitido a pesar de la resolución emitida por el Consejo de Derechos Humanos en el 45° periodo de sesiones que se realizó desde el 14 de septiembre al 7 de octubre.
Según contaron a El Pitazo familiares de los militares detenidos, las audiencias iniciaron con celeridad esta semana que inició el 16 de noviembre luego de que la alta comisionada, Michelle Bachelet, instara a representantes de Maduro a ponerse al día con los juicios; también pidió ingreso para los funcionarios, solicitud que todavía no permiten.
Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis De La Sotta, detenido desde el 18 de mayo de 2018, publicó en su cuenta de Twitter que “los juicios deben ser orales y públicos; sin embargo no permiten el ingreso ni de los familiares, los botan de allí. Están presentando como testigos a los mismos funcionarios de la Dgcim, incluyendo a los mismos torturadores. Exigimos justicia y que se cumpla el mandato de la ONU”.
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En el mandato emitido por las Naciones Unidas en el cual se trataron las situaciones de Derechos Humanos que requieren atención de este consejo, Venezuela fue tema principal de discusión.
Representantes instaron a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado y la misión internacional independiente de determinación de los hechos, para que les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, incluidas las víctimas y los lugares de reclusión.
Piden además, que les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y velar por que todas las personas tengan acceso sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques.
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